JUSTICIA PITITA JUSTICIA PITITA
Producto de una campaña de demonización que pretendía roer toda credibilidad del anterior gobierno, los golpistas instalaron “el relato” de la llamada: justicia masista.... JUSTICIA PITITA

Producto de una campaña de demonización que pretendía roer toda credibilidad del anterior gobierno, los golpistas instalaron “el relato” de la llamada: justicia masista. Los editorialistas hicieron su agosto denigrando al poder judicial, supuestamente aliado a Evo Morales. Sin embargo, el gobierno “autoproclamado”, no destituyó a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, a ningún juez ni fiscal. ¿Qué sucedió?

Decenas de vertientes contribuyeron a gestar “la primavera árabe boliviana”, quizá la más decisiva, fue la tarea de los medios de comunicación. La construcción cotidiana de sentido común contrario al gobierno del MAS, se constituyó en uno de los alfiles que desembocaron en la insurrección de los pititas.

Lo sorprendente, es que a los representantes de la llamada justicia masista, no solo los ratificaron, sino que además (en un sórdido pago de favores), se convirtieron en los abanderados de la persecución a dirigentes del MAS, a ex funcionarios, e incluso al ex presidente.

Con una ayudita de la tele, la población rápidamente olvidó los desaguisados de la justicia masista, y adhirió despreocupada y feliz a la cacería de dirigentes y ex funcionarios.

De pronto todos olvidaron (principalmente jueces y fiscales), olvidaron los negociados entre la alcaldía de La Paz y varios periodistas en la Curva de Holguín (proyecto World Trade Center), la corrupción y el tráfico de influencias en el caso Carlos Mesa-Odebrecht Camargo Correa, las 4 empresas del Estado que se adjudicó el periódico Página Siete, durante los gobiernos de Sánchez de Lozada: eso solo por nombrar algunas desatenciones.

Taxistas, albañiles, obreros, porteros de edificios, vendedoras de mercado, repiten palabra por palabra lo que han visto, escuchado o leído en los medios de comunicación. Los eternos dueños del país lo saben, por eso han acaparado todo el espectro radiofónico y televisivo de Bolivia. El 95% de los medios de comunicación del país, son propiedad de empresarios privados.

La Ley de Garantías Constitucionales, recientemente aprobada por la Cámara de Senadores, instruye a la Fiscalía: “abrir una exhaustiva investigación sobre los hechos que derivaron en el arresto, la aprehensión, las lesiones y la muerte de personas en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”. Ahí radica precisamente la resistencia (de autoproclamados, jueces y fiscales), a su implementación.

“Si gobierna el pueblo, es dictadura. Si gobiernan ellos, es democracia”, con la justicia sucede lo mismo.

 

 

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