DECRETO 4231 CONTRADICE LA CONSTITUCIÓN Y DEVELA DICTADURA DEL GOBIERNO DE AÑEZ DECRETO 4231 CONTRADICE LA CONSTITUCIÓN Y DEVELA DICTADURA DEL GOBIERNO DE AÑEZ
César Calvimontes.-   Las Paz, 13 de mayo de 2020.- El Decreto 4231, promulgado el 7 de mayo por la presidenta transitoria Jeanine Añez, contradice... DECRETO 4231 CONTRADICE LA CONSTITUCIÓN Y DEVELA DICTADURA DEL GOBIERNO DE AÑEZ

César Calvimontes.-   Las Paz, 13 de mayo de 2020.- El Decreto 4231, promulgado el 7 de mayo por la presidenta transitoria Jeanine Añez, contradice a la Constitución Política del Estado y viola el derecho que tiene cualquier persona e expresar libremente sus pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, inclusive sobre la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

En la Sección I, Derechos Civiles, la ley fundamental boliviana establece en su artículo 21, inciso 5 que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.

En el inciso 6 del mismo artículo, la Constitución señala que los bolivianos tienen derecho “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.

Sin la garantía de esos derechos que incluyen directamente al ciudadano, el Gobierno se convierte en un mero dictador porque viola el derecho al libre pensamiento de la gente y a la posibilidad de manifestarlo por cualquier medio, pero también coarta la libertad del individuo de interpretar y analizar cualquier información y comunicarla libremente sobre cualquier tema inclusive sobre el Covid-19.

El decreto 4231 señala textualmente que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Si interpretamos esta parte del decreto en cuestión, ninguna persona en Bolivia, ni siquiera de manera artística, puede expresar su pensamiento u opinión sobre la pandemia o sobre lo que el Gobierno hace respecto a sus políticas contra el coronavirus y mucho menos difundirlo. El boliviano, entonces tiene que estar callado so pena de ser acusado por delitos tipificados en el Código Penal, igual que en las dictaduras militares.

Tampoco puede interpretar la información que emite el Gobierno respecto a la pandemia, mucho menos criticar al Órgano Ejecutivo si está haciendo bien o mal en la lucha contra el coronavirus porque corre el riesgo de ser encarcelado y pasible a un proceso penal. En definitiva nadie puede decir absolutamente nada sobre lo que hace el Gobierno. Eso es dictadura y un exceso que es rechazado aquí en Bolivia y por diferentes organismos internacionales.

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en su cuenta oficial de Twitter “recuerda que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del Covid-19 resulta excesiva”.

Asimismo, señala que el decreto 4231 sobre difusión de información durante la pandemia “debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.

En líneas generales, ese decreto es el reflejo fiel de que Bolivia vive en una dictadura y por interpretarlo así ¿mereceremos cárcel? ¿O la gente de la Oacnudh deberá ser encarcelada? La Constitución Política del Estado no solo toma previsiones en sus primeros artículos sobre la libertad de expresión.

El artículo 106, parágrafo II, de la ley fundamental señala que “el Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión”.

En el parágrafo III del mismo artículo, la Constitución señala que “el Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

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