DE BRANKO MARINCOVIK A EDWIN CHARACAYO DE BRANKO MARINCOVIK A EDWIN CHARACAYO
Ciertamente el ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras debe rendir cuentas ante la justicia, ¿y Branko Marincovik? ¿Por qué los medios de comunicación... DE BRANKO MARINCOVIK A EDWIN CHARACAYO

Ciertamente el ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras debe rendir cuentas ante la justicia, ¿y Branko Marincovik? ¿Por qué los medios de comunicación no alzaron su voz para denunciar el robo de 34 mil hectáreas usurpadas por el empresario de origen croata? Ahora pide “reconciliación”.

Si de escándalos se trata hay que recordar al ministro del gobierno de facto de Jeanine Añez, Branko Marincovik, al que le bastó tres meses en el gobierno para adueñarse ilegalmente de 34 mil hectáreas de tierras fiscales.

La Fundación Tierra, denunció que Marinkovic aprovechó el cargo de ministro, para sacar en tres meses lo que no pudo hacer en diez años. Asumió la supuesta propiedad de la Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, ubicada en la provincia Guarayos, y también se adueñó de la propiedad Tierras Bajas del Norte de 21.000 hectáreas en la provincia Chiquitos, todo en el departamento de Santa Cruz.

Los exministros del gobierno de facto, piden “reconciliación”, y dicen que son “perseguidos políticos” porque no quieren responder por su robo del patrimonio estatal.

Esto no es novedoso, porque el robo de tierras fiscales era una costumbre de los gobiernos neoliberales y sus autores quedaban en la impunidad.

El caso más memorable fue el de Hedim Céspedes, miembro de Acción Democrática Nacionalista, y que fue ministro de Educación en el gobierno de Jaime Paz Zamora. En 1992 se conoció que Céspedes puso a su nombre 1.000 hectáreas de tierras fiscales en Santa Cruz en el caso conocido como Bolibras.

Este hecho de corrupción quedó en la impunidad, porque en los gobiernos neoliberales se encubrían entre ellos.

Según una información de ANF, en 2003, el nombre de Céspedes estaba entre los socios de la cooperativa “San Javier” de Santa Cruz, que se había apropiado de 30.000 hectáreas de tierras fiscales.

El caso Céspedes quedó en la impunidad porque las autoridades neoliberales cooptaron a la justicia impidiendo su investigación.

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