10 MESES DESPUÉS: GOBIERNO CAMBIA DENUNCIA DE $US 24 MILLONES A BS. 150 MIL EN EDITORIAL DEL ESTADO 10 MESES DESPUÉS: GOBIERNO CAMBIA DENUNCIA DE $US 24 MILLONES A BS. 150 MIL EN EDITORIAL DEL ESTADO
Después de 10 meses de intervención de la editorial del Estado, el actual ministro de la Presidencia Yerko Núñez, anunció una denuncia penal contra... 10 MESES DESPUÉS: GOBIERNO CAMBIA DENUNCIA DE $US 24 MILLONES A BS. 150 MIL EN EDITORIAL DEL ESTADO

Después de 10 meses de intervención de la editorial del Estado, el actual ministro de la Presidencia Yerko Núñez, anunció una denuncia penal contra cuatro exautoridades, con el argumento de haber usado esa institución como “casa de campaña del MAS”, sin mostrar pruebas sobre dicha acusación.

Con el pasar del tiempo, el Gobierno no logró sostener sus acusaciones, pues en diciembre de 2019 se había realizado una primera denuncia, cuando supuestamente se detectó un daño económico de Bs 4 millones por trabajos elaborados que no fueron pagados, según el diario El Deber. En esa ocasión se habló de que los ministerios de la Presidencia, Comunicación, de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) habrían encargado trabajos “millonarios” a la editorial pública.

Ahora, Núñez señaló que los daños ascienden a 150.000 bolivianos, una gran diferencia con el primer anuncio realizado por la ex primera ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en una ruidosa conferencia de prensa. En aquel entonces, ella prometió “sorpresas” sobre la empresa pública, que no llegó a revelar ni ninguna otra autoridad.

Según el ministro Núñez existen órdenes de trabajo que no tienen ninguna relación con el objetivo de la empresa como la solicitud de 100.000 afiches full color bajo el nombre de “afiche presidente” y otra por la misma cantidad con el denominativo “Vamos bien”.

De acuerdo a la denuncia del Gobierno, estas impresiones generarían cinco delitos relacionados con el uso de la estatal para producir material para la campaña electoral del expresidente Evo Morales, rumbo a las elecciones de octubre de 2019.

La denuncia presentada incluye a la exgerenta Amanda Dávila, Ximena E. S., exgerente de producción; América V.B., exgerente comercial y de Relaciones Interinstitucionales, y Eilyn S.A., exgerente administrativo financiero.

También en diciembre de 2019, Lizárraga volvió a acusar a la exgerente de malversar cerca de 24 millones de dólares. En otra sonada conferencia de prensa, Lizárraga dijo que “extrabajadores de la editorial del Estado -situada en la ciudad de El Alto-, denunciaron que la citada disponía de las maquinarias del Estado para hacer impresiones, por miles de miles, de propaganda para el expresidente, el exvicepresidente Álvaro García Linera, afiches, periódicos y para otros trabajos extra que a ella le beneficiaba con grandes sumas de dinero”.

Y agregó: “Increíble pero cierto $us. 24.000.000 (veinticuatro millones de dólares) para que una exgerente de dicha editorial del Estado del pueblo de Bolivia, incurriera en dolosas maniobras, no se dio a conocer los despachos marítimos, pago de aranceles aduaneros, puesto en CIF Arica o en talleres de El Alto, menos qué empresa construyó la instalación, cuándo se desembolsó los dineros y en qué cuenta del Estado se hizo figurar”.

La actual candidata a diputada por la alianza de Fernando Camacho, Roxana Lizárraga, amenazó a la ex funcionaria de la editorial: “La excolaboradora del expresidente renunciante Evo Morales, tendrá que rendir cuentas de los manejos de millones de dólares”. Hoy, nada de aquella denuncia existe, sucumbió al tiempo.

Exfuncionarios que renunciaron después de conocer que las oficinas e instalaciones fueron intervenidas, sin orden fiscal ni la presencia de un notario público, “realizada un día sábado por la tarde”, relataron que el lunes siguiente, no les permitieron ingresar a sus puestos de trabajo, sin haber recibido un previo aviso.

Además aclararon que la máquina impresora importada desde Alemania, de marca Heidelberger, se hizo en cumplimiento a la normativa vigente en el país, tanto en lo técnico, lo aduanero y lo impositivo, en la gestión 2015.

A los testimonios citados se contraponen los que ayer citó el ministro Núñez. “Estos testigos confirman que se manipuló todo el proceso de edición, diseño, impresión, acabado y distribución para la campaña electoral del 2020-2025 del Movimiento Al Socialismo. La elaboración del trabajo solo fue pretexto para disfrazar esta ilegalidad, ya que solo servía para realizar propaganda política para Evo Morales con recursos del Estado”, aseveró Núñez.

A 10 meses de aquellas denuncias iniciales, contra funcionarios de la editorial, en el nuevo escenario electoral el Gobierno de la presidenta-candidata Jeanine Áñez enfrenta denuncias con el mismo contenido: uso de bienes del Estado en favor de su campaña electoral.

La demanda la presentó Comunidad Ciudadana (CC) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por violación al régimen legal de propaganda electoral, mediante la cual pide que se la sanciones y que se impulse una investigación de parte de la Contraloría General del Estado.

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